El magnate inglés habría accedido a las tierras “vedadas” por estar en zona de seguridad ocultando su participación en las empresas que adquirieron los lotes, con el lago Escondido incluido. El Defensor del Pueblo de la Nación analizó cómo Joe Lewis logró quedarse con más de 11 mil hectáreas y su informe fue lapidario. Enumeró irregularidades y envió el trabajo a la Auditoría General de la Nación. La empresa Properties Buenos Aires compró las tierras finalmente inscriptas a nombre de Hidden Lake. La maniobra podría "encuadrarse en figuras penales", determinó el Defensor, según el dictamen al que accedió ANB.
La Defensoría del Pueblo de la Nación denunció que a través de una “maniobra” poco clara el magnate inglés Joe Lewis accedió a las más de 11 mil hectáreas que incluyen el lago Escondido, a través de la empresa Hidden Lake.
El organismo calificó como un “entramado legal” la operatoria que le permitió a Lewis sortear la legislación que restringe la venta de tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
Este medio accedió al informe de la Defensoría, que además ya fue enviado a la Auditoría General de la Nación y al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.El informe detalla que se creó una sociedad jurídica con accionistas locales, que luego fue traspasada a Lewis, “antes que el Estado nacional otorgara el permiso para comprar”. El inglés -en realidad su hijo, Charles Barrington Lewis- poseía una sola acción de las 12 mil que suscribió la empresa Properties Buenos Aires S.A., compradora de los terrenos.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo nacional, “el 17 de junio de 1994 se constituyó la empresa Properties Buenos Aires, con asiento legal en la Capital Federal. Dicha compañía suscribió 12.000 acciones y estaba integrada por Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti. Dos años después, se incorporó como titular de la empresa el abogado Lisandro Alfredo Allende. En su carácter de presidente de Properties S. A., solicitó durante los primeros meses de 1996 el pedido de previa conformidad para adquirir un predio de 8063 hectáreas”.
Si bien “la autorización fue otorgada por el director de la Unidad de Proyectos de Radicación el 2 de julio de 1996, a nombre de Properties”, en el registro de la propiedad inmueble de la provincia “la escritura de esa propiedad quedó inscripta bajo la sociedad Hidden Lake S. A., con fecha 30 de agosto de 1996”.“Según determinó la Defensoría, el cambio estatutario ocurrió en mayo de ese año, es decir, dos meses antes de que se autorizara la venta a Properties”, puntualiza el trabajo de la Defensoría del Pueblo.
“Según la Inspección General de Justicia, Hidden Lake había quedado conformada por Lago Corp, empresa cuya existencia no figura en la IGJ, ni se tiene registro en Bariloche. Sin embargo, la Defensoría determinó que estaba representada por Rovira. Y el segundo integrante, con una sola acción, era Lewis. Así se dio el ingreso de este empresario británico”.
Así, la Defensoría podría demostrar que Lewis ocultó su participación en la operatoria para evitar que se le impida la compra de los terrenos por violar la normativa que establece restricciones a la venta de tierra en zonas de seguridad fronteriza. Estas áreas comprenden una región de 150 kilómetros en área continental, desde el límite con países limítrofes.
"La fecha en que aparece Lewis en escena y la fecha en que se firmó la escritura de compraventa permitiría determinar que hubo irregularidades en el trámite. Si se demuestra que el Estado estaba al tanto de esta situación, la Justicia podría declarar nula toda la operatoria", afirmó en tanto al diario Página/12 un funcionario de la Defensoría.
Incluso el dictamen plantea que "encontró una operatoria similar con un campo aledaño a la primera compra, de 2725 hectáreas. La autorización final para ambas compras la hizo el brigadier retirado Andrés Antonietti, un funcionario emblema de la década menemista".
"Si se descubre que hubo mala fe en la operatoria, podría anularse", agregó a Página/12 el abogado constitucionalista Gustavo Arballo. (ANB)
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